Contratapa

 

Óscar Sarlo nació en Paysandú, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales (1976) y doctor en Diplomacia (1978) por la Universidad de la República. Cursó Maestría en Filosofía y Sociedad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Fue catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho en la Universidad de la República, y director del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho, Universidad de la República.

Ocupa desde 2013 el sillón Horacio Quiroga de la Academia Nacional de Letras. Fue recibido como miembro de número en la institución el 2 de mayo de 2013, y su discurso de ingreso se tituló Derecho, literatura y lenguaje: miradas cruzadas. Desde 2019 es también miembro de la Academia Nacional de Derecho.

Es el invitado de este mes en CONTRATAPA.

 

Ya estás jubilado, al haber llegado al límite de edad reglamentario para ser docente. Fuiste grado 5 de Teoría del Derecho.

La materia en realidad se llama Filosofía del Derecho, pero la damos como Teoría del Derecho, algo un poco más específico, y también tengo cursos de Metodología de la Investigación.

¿Cuál sería entonces la diferencia entre Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho?

Hay convenciones para diferenciarlas, y una de las que más me convence es entender que, mientras la Filosofía del Derecho toca todos los temas vinculados al derecho desde el punto de vista filosófico -cuestiones como la moral o la justificación moral de los sistemas jurídicos, o problemas metafísicos sobre qué tipo de entidad es el derecho-, la Teoría del Derecho es más específica en la tradición que inició Hans Kelsen, en el sentido de ser un sistema para interpretar los sistemas positivos, es decir, los sistemas jurídicos vigentes.

No es tanto una especulación filosófica sino más bien busca producir esquemas para interpretar los sistemas jurídicos. Se ocupa de cuestiones como qué tipo de actividad cumplen los jueces, cuáles son las variedades de modelos de aplicación del Derecho, qué mecanismos existen para derogar las normas; todo ese tipo de cuestiones más técnicas que requieren de unas categorías teóricas más apegadas a lo que es la experiencia. En ese sentido, la Teoría del Derecho yo la entiendo como una teoría de los sistemas jurídicos contemporáneos.

¿Cómo es la relación entre un sistema jurídico y el mundo que lo rodea?

Hay distintos enfoques. Están los que hacen teorías moralizantes del derecho. Tratan de adecuarlo a un sistema ideal, adecuado a principios. Llamémosle idealista. Esto no es lo que hoy se cultiva como Teoría del Derecho. Hoy se considera que tiene que ser más realista, y en términos de una concepción realista del derecho, entiendo que es un sistema institucional de control social o de coordinación social, que está condicionado por ciertas variables sociales, para denominarlo de una manera muy genérica. Por ejemplo, la cultura. Ahora estamos viendo claramente expuesto -este año y pico de pandemia ha permitido someter a testeo muchas hipótesis acerca del derecho- que la forma de reaccionar de los sistemas jurídicos ante, por ejemplo, los fenómenos de la emergencia sanitaria, no puede ser nunca uniforme, por más recetas que haya. La idiosincrasia de la gente lleva a entender las directivas de manera muy distinta. La forma como la gente siente la vida en sociedad establece una gran condicionante para el funcionamiento del derecho. Esto quiere decir que puedo diseñar o copiar modelos extranjeros, y cuando vierto ese producto en los moldes de la cultura uruguaya, se lee de una manera distinta, necesariamente adecuado a las creencias. Eso es lo que ahora está haciendo mucho ruido, en el sentido de que parece no darse con la tecla en cómo coordinar las acciones.

Si tuviera que equiparar esta pandemia con una guerra nacional, sería un desastre. Entre los problemas de comunicación, la descoordinación social, donde parecería que cada cual puede hacer lo que quiere, y donde todo se entiende medio caóticamente, en el primer cruce de fuego la guerra ya estaba perdida. Decí que esto es una pandemia, donde los muertos los contamos todos los días y lo estamos naturalizando de una manera que no genera ninguna explosión emotiva. Son muertos, muertos, muertos; es un goteo, y cada día va a haber un poco más. ¿Cuál es el tema? Los sistemas jurídicos, si para algo sirven, primero es como control de las conductas desviadas y segundo, para coordinar acciones.

Ahora que tocaste el tema, el sistema jurídico ¿está preparado para una situación de este tipo?

Si por estar preparado quiere decir si está previsto en la Constitución que estas cosas pasen, te diría que sí. No una pandemia, pero sí situaciones de emergencia muy excepcionales; las medidas prontas de seguridad, por ejemplo. Esto quiere decir que los constituyentes han pensado que pueden existir situaciones fuera de lo normal. En aquellas épocas se pensaba en la guerra, o en sublevaciones. Lo cierto es que, si la Constitución no es explícita para prever esto, la doctrina, la interpretación de la Constitución, siempre entendió que hay mecanismos excepcionales, que sin estar explícitamente dichos, se deben entender como implícitos.

Ahí también hay distintas modalidades nacionales. Aquí se podía haber apelado a la interpretación de la Constitución. Por ejemplo, la Corte Electoral podía haber suspendido o postergado las elecciones departamentales; está en sus facultades. Sin embargo, en Uruguay se apeló al camino tradicional de los consensos: una ley, donde todos ponen el voto para asumir la responsabilidad entre todos de la manera más democrática posible. También con el tema de las restricciones a las libertades, las medidas sanitarias; todo eso se hizo por ley.

¿Por qué?

Porque para Uruguay eso es el grado máximo de consenso. En otros países, los poderes ejecutivos directamente tomaron medidas. En situaciones de emergencia hay un margen muy grande para tolerar ciertas medidas. Son modalidades nacionales, que tienen que ver con la cultura de cada país. Entonces, volviendo a la pregunta de si estaba previsto: sí, para algunas cosas análogas; para este tipo concreto de cosas, no.

La pregunta iba dirigida a si el sistema jurídico uruguayo tiene las armas para enfrentar estas situaciones, dentro de ese propio marco, sin salirse de él.

Sí, sí. Hay que pensar que los sistemas jurídicos no son estáticos sino dinámicos, y además inteligentes. Tienen recursos que les permiten adecuarse a las circunstancias, aún las no previstas. Si hubiera algún déficit de previsión, se pueden adaptar rápidamente. Y eso es parte del sistema también. Son sistemas autosuficientes. Basta que haya un marco de normas y las instancias de toma de decisiones legítimas para adecuarlo a las circunstancias.

Muchas veces sobrevuela la idea de que los sistemas jurídicos están desfasados de la evolución de la sociedad.

Es cierto, es cierto. El fenómeno del anacronismo comprende a todos los sistemas. A algunos con más rigor que a otros. Eso también depende de la cultura.

¿Cómo es eso?

Una sociedad más primitiva en términos civilizatorios -por ejemplo, la nuestra no es de las peores pero es, sin duda, muy inferior a la europea- está muy apegada a la interpretación formal, por lo tanto el peso de la letra tiene una enorme incidencia sobre cómo entender el derecho. Pongamos por caso un código civil que tiene más de 150 años: claro que puede sonar anacrónico. Lo que pasa es que la inteligencia interpretativa de la corporación de los jueces y los profesores de derecho lleva a superar ese anacronismo con interpretaciones actualizadas. Que no quedan escritas en el propio texto. Si un ciudadano agarra la Constitución o el Código, por supuesto que hay frases que son anacrónicas. Pero, como nos manejamos más con interpretaciones que con textos, esas permiten adecuar todo eso. El problema radica en que hay sociedades que se sienten más apegadas al peso del texto y otras se sienten más libres. Hay sociedades donde los jueces se sienten más libres porque, yo diría, tienen una mayor madurez moral como para ejercer una libertad interpretativa. Hay países, sobre todo en América Latina, donde toda la sociedad desconfía de los jueces.

¿Por qué?

Porque no les reconocen tal autoridad moral como para tomar en sus manos la interpretación evolutiva, o hacer evolucionar la interpretación por sí misma. Es como que, ante cualquier problema, se está pidiendo una ley que lo resuelva. Pasó con la pandemia, cuando empezaron a aparecer incumplimientos de arrendamientos, por ejemplo. La gente decía: "no podemos dejar en las manos de los jueces esto; adoptemos una norma general que resuelva estos problemas". Siempre, en las crisis, acá se han adoptado leyes que regulan qué hacer con esas crisis sistémicas. En otros países, eso queda en manos de los jueces y no hay mayor discusión.

¿Hecha la ley, hecha la trampa, como habitualmente se dice?

Ese mito tiene algo de razón. Hay que completarlo: hecha la ley, de manera poco eficiente, poco técnica, hecha la trampa por abogados habilidosos. Es cierto. Un abogado que ejerce privadamente, donde pugnan intereses privados, si es inteligente y hábil, es capaz de sostener cualquier tesis. Un poco, la fortaleza de la abogacía es esa. Puede actuar un día para un lado y al otro día para el otro lado, porque todo está dentro de lo legal. Entonces, una ley con defectos técnicos se presta para eso. Yo agregaría una tercera pata para mejorar ese diagnóstico: hecha la ley de mala manera, habiendo abogados inteligentes y habilidosos, aparece la trampa, y tercera condición, tiene que haber jueces que no se la juegan para parar ese tipo de manejos. En los países con una cultura jurídica altamente desarrollada -Inglaterra, Suiza, por ejemplo- ningún abogado se anima a poner trampas. Esas son diferencias culturales. La paga carísimo un abogado que se dedique a chicanear. Acá existe porque los jueces lo permiten. Hay un juego permitido de sostener cualquier cosa. Por eso está lleno de juicios. En países como Japón, Inglaterra, Suiza, Alemania, los abogados se cuidan muy bien de caer en eso, porque les va el prestigio e importantes sanciones. Acá no se sanciona ningún disparate que puedas decir en un juicio. Podés reclamar cifras siderales; nadie te va a decir nada, porque se entiende que estás en tu derecho.

Recuerdo que de chico, en la escuela y en el liceo, se nos hablaban del derecho consuetudinario, de Inglaterra que no tenía Constitución, etc. ¿Qué es mejor?

No son cosas comparables. ¿Qué es mejor: un criollo oriental o un inglés? Son dos culturas muy distintas. Los primeros constructores de los sistemas jurídicos modernos, que lo tomaron y perfeccionaron de una parte del derecho romano, fueron los ingleses. Es la tradición más extensa que hay de experiencia jurídica. Eso hace una diferencia abismal. Ellos pueden tener una Constitución, que la tienen, pero no escrita. No hay ningún problema, porque es tan fuerte la tradición, es tal el peso de la interpretación que hacen los jueces, hay una convicción tan grande en eso, que se cumple más que en Uruguay. Volvemos a la cultura: es la determinante fundamental de la experiencia jurídica. Hay otros países -por ejemplo Israel- que tampoco tienen una Constitución escrita, y tienen un sistema digamos que mixto, y funciona muy bien. No creo que se pueda aplicar un sistema consuetudinario en nuestro país. He hecho ese ejercicio en un trabajo académico, porque hay una teoría que dice que entender cómo funciona un sistema jurídico específico implica entender cuáles son sus reglas básicas, estén escritas o no lo estén. He sostenido que en Uruguay, la regla básica -básica, básica, básica- es la regla del consenso político. Cuando se pone de acuerdo todo el espectro político del país, eso tiene mayor rango inclusive que la Constitución escrita. Por lo tanto, cuando todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en cambiar el sentido de alguna disposición constitucional, eso funciona y no hay quién lo pueda mover.

¿Algún ejemplo?

La Constitución tiene un artículo que prohíbe incluir materias no presupuestales en el Presupuesto, y sin embargo, todos los partidos políticos, a su turno, han hecho lo contrario. Meten ahí delitos, registros, procedimientos, códigos, de todo. Y la Corte sistemáticamente lo convalida.

¿Por qué?

Porque entiende que esa es la costumbre constitucional en el país. Yo sostengo que en Uruguay rige eso. Ahora bien, si decís eso en la Facultad de Derecho, te puede costar muchos enojos, porque la ideología formalista con la cual se ve el derecho impide aceptar este tipo de cosas.

Esa "ideología formalista" que referiste, ¿tiene un sustento ideológico-político, o cruza a todas las concepciones?

Jajaja; ¡qué pregunta! Es un tema bien complicado, y has puesto el dedo no solo en el ventilador, sino también en el aire acondicionado. Si partimos de profesores que han profesado diversas ideologías, es sorprendente como, tanto profesores de izquierda -marxistas, y muchos comunistas- en el momento de elaborar  opiniones doctrinarias como profesores, se comportan prácticamente sin distinción de los de signo contrario. Pueden discrepar en soluciones puntuales, pero en el modo de argumentar, de debatir, no dejan de tirarse con argumentos formales. Pongamos un ejemplo: sobre cualquier  tema de Derecho Civil, Gamarra, que era senador socialista; Miranda, comunista, detenido-desaparecido en la dictadura-; y Peirano Facio, que era el adalid del empresismo financiero en el Uruguay: si se analiza el intercambio de argumentos, nadie podría identificar políticamente a alguno. Esto no sucede en otros países. En Francia, Brasil, Italia... los profesores de Derecho asumen posturas ideológicas, y de alguna manera las dejan entrever y marcan las diferencias desde el vamos. Tal vez en nuestra Universidad de la República, que fue la única durante muchos años, la forma de convivencia era respetar ciertas formas de argumentar y debatir que no rompieran con la base ideológica común. Como que todos tenían que aceptar ciertas bases sobre las cuales discutir.

Eso, ¿es una fortaleza o una debilidad del sistema?

Ja; otra buena pregunta. No es fácil de valorar eso. Creo que esa fue la condición de la excepcionalidad del sistema jurídico uruguayo con respecto al resto de América. Por ejemplo, todos hoy reconocen que Uruguay tiene una estabilidad institucional y del sistema jurídico que los que vivimos acá no la percibimos, pero que desde afuera se ve. Creo que la condición fue esa. Haberse instaurado un modo de interpretar el derecho con un amplio consenso, que abarcaba a las personas más disímiles. Para entrar en el juego, no se cuestionaba ese consenso. En países con fuertes desigualdades, que no tuvieron la apertura del nuestro hacia otros modos de convivencia -por ejemplo Brasil, Colombia, México- aparecieron corrientes de juristas que se llamaban alternativos, y sostenían explícitamente un programa político. Decían "vamos a cambiar la sociedad por la vía de interpretar el derecho de otra manera". Eso en nuestro país ni se mencionó nunca. Nadie escribió sobre esto; nadie intentó siquiera hacerlo. Esto habla, como creo que tú sospechás, de esa hiperintegración de la sociedad uruguaya, que en cierta medida se puede decir que es consecuencia de esa integración de la interpretación jurídica; y que probablemente se empiece a perder.

¿Por qué?

Porque tarde o temprano, la apertura del sistema universitario a, por ejemplo, universidades católicas de distinta corriente, y otros insumos, probablemente empiecen a arrebatar esta coherencia muy excepcional. Ya lo estamos viendo.

¿En qué?

Hay algunas batallas, sordas todavía, pero que son muy significativas, sobre cómo interpretar la Constitución. La sociedad va a vivir, en poco tiempo, las consecuencias prácticas de eso. El gran tema es cuál es el fundamento de filosofía política de nuestra Constitución, ¿cuáles son los valores? ¿Somos una sociedad republicana o liberal? ¿O una mezcla de estas dos cosas? ¿En qué medida o en qué zonas somos una u otra, o inclusive en qué zonas somos una sociedad comunitaria? No comunista, comunitaria; que ponemos a la sociedad por encima del individuo. Este ejercicio lo he realizado en algún trabajo académico, y ahora lo estamos viendo. El Uruguay nunca se cuestionó que básicamente dependemos de la comunidad, y por lo tanto, vacunarse no era una opción. La Constitución de 1934, que tenía algún pujo fascistoide - a tono con la época- sin embargo tiene ese buen perfume francés que tienen todas las estructuras jurídicas. Así, se habla del cuidado de la salud, y eso llevaba implícita la necesidad de vacunarse, y nadie lo cuestionaba. Ahora, el bichito liberal se ha extendido. Por algunos lados, desde el liberalismo, y por otros desde ciertas corrientes religiosas, portadoras de otras culturas y que están ganando su lugar y fuerzan a excepciones. Una forma liberal de entender la comunidad que va a llevar su tiempo y nos va a conducir a grandes desencuentros. Eso es fruto de esa ruptura en la homogeneidad de la interpretación de la Constitución. Mientras un tipo -Jiménez de Aréchaga- manejó durante cinco décadas la interpretación de la Constitución, nadie lo discutía. El sentó las bases y los valores de cómo se interpretaba la Constitución y nadie lo discutió; blancos, colorados, comunistas. Hoy, eso está roto. Hay quienes piensan que la Constitución debe leerse de manera liberal, otros de manera católica, el batllismo se ha diluido mucho; diría que estamos en un proceso de mucha efervescencia. Como el país se ha abierto a todas las influencias mundiales, detrás de la globalización viene también la de las ideas. Hoy entran todas las ideas, y esto va a deparar un campo de batalla ideológico-jurídica muy interesante, que ya se está desarrollando. No sé qué conciencia tiene la gente en general de eso, pero los actores lo tienen clarísimo. Basta estar al tanto con lo que se publica, y son todos dardos cruzados.

También sos miembro de la Academia Nacional de Letras.

Efectivamente.

Hace un rato conversábamos sobre las leyes redactadas con errores técnicos. No te estoy pidiendo un análisis de la forma de redacción, pero ¿qué hay en esa baja en el nivel de elaboración de los textos de la incapacidad de formalizar un pensamiento y llevarlo a un texto legal?

Diría que el respeto de las reglas del lenguaje contribuye al respeto de las formas. Las formas del derecho básicamente responden al lenguaje. El derecho se formaliza en la medida en que se empieza a hacer escrito. Esto supone hacer un buen uso de las reglas del lenguaje. Hay problemas. En la consultoría que hemos hecho durante años con Gerardo Caetano y otros académicos estudiamos detenidamente las prácticas legislativas, y el problema no es si está mal redactada, sino que es del sistema político en su conjunto, que no está dispuesto a soltar la pluma para redactar las leyes. Entonces, la redacción se vuelve un artilugio para lograr acuerdos o consensos. Por ejemplo: no estamos de acuerdo en qué tiene que hacer la gente en un supuesto equis. Unos quieren que se haga tal cosa, otros tal otra. Como no llegamos a acuerdo y hay que votar, y hay que sumar votos, vamos a dar una redacción que no diga nada sobre el tema, y que después lo resuelvan los jueces. Este ardid lingüístico es muy ostensible, y tiene como consecuencia que muchas veces las reglas no sean claras. Porque deliberadamente se negoció el texto, la fórmula; no de acuerdo al uso riguroso del lenguaje sino a intereses políticos. Los legisladores, de todos los sectores políticos, no están dispuestos a renunciar a eso. Otra vez volvemos al principio: en los países europeos, en Estados Unidos, los políticos discuten cuáles son las soluciones, y de la manera más transparente posible, dicen cuáles son sus intenciones. Después que se llega a los consensos, el tema pasa a la redacción por parte de técnicos. Cunado negociás la compra-venta de una casa, negociás, negociás, y cuando te ponés de acuerdo, hacés una minuta y se la llevás al escribano. Es grande su responsabilidad, porque tiene que obrar para los dos. Tendría que recoger lo más fielmente posible las intenciones de las dos partes. En otros países, eso pasa siempre. Imaginate que vos redactás la venta de tu casa. Si lográs distraer a la otra parte, le ponés una frase que dice cualquier cosa... en esos países desarrollados existen cuerpos profesionales de redactores, que son generalmente abogados formados a esos efectos. Ahí se gana en mucha certeza. Nunca se puede lograr totalmente, porque la vida no se puede formalizar en un texto, pero se evitan muchos problemas.

Eso parece un problema que trasciende a lo jurídico y lo político, donde el lenguaje no importa. Cada uno lo usa como quiere, y no me refiero a hablar "bien" o "mal", sino a una sensación de que todo vale, y cada uno le da la interpretación que se le antoja.

Sí y no. El lenguaje siempre es un sistema que permite la comunicación simbólica. Podemos intercambiar ideas, muy abstractas inclusive, porque usamos el lenguaje. Ahora, la posibilidad de que el lenguaje sirva para entendernos, eso ya depende de que el lenguaje sea manejado de manera rigurosa. Yo no soy experto en esto; mi pertenencia a la Academia es más bien por mi trabajo en cuanto al lenguaje jurídico; no soy un experto en teoría del lenguaje, pero hasta donde entiendo, el lenguaje como sistema social tiene que ver con fenómenos de inclusión social, y también con las fracturas. Tenemos que entender que muchas veces, así como te decía que los "errores" de redacción de las leyes son fruto de una práctica deliberada -o inevitable, si se quiere-, a veces la forma de no entender el lenguaje es también deliberada. La fractura social, fruto de fuerzas que expulsan a ciertos sectores de la visibilidad, y esos sectores, en uso de cierta dignidad, quedan en ese lugar pero eligen o elaboran un lenguaje que entre ellos entienden pero evitan que otros lo entiendan. Es también una estrategia de identidad. Lo que pasa con el lenguaje no está exento de los problemas políticos y de todos los temas de convivencia sana de una sociedad. Obviamente, el sistema educativo tiene mucho que ver con esto; la integración social, la comunicación pública y los medios. Cuando se escuchan las groserías que se dicen por radio o televisión en programas supuestamente de información, uno se pregunta si eso es lenguaje. ¿Es? Sí, es. Se aleja mucho de un modelo; no estaría mal si siguiera sirviendo para entender. El problema es que esa deriva hacia un lenguaje primero raro, de algunos sectores o subsectores que manejan un lenguaje prácticamente ininteligible para los demás, y la grosería en los medios de comunicación, esa degradación del lenguaje, te lleva a preguntarte si eso sirve para entender mejor los problemas tremendos que tenemos o para superar las grietas. No, no sirve. El lenguaje pasa a ser un campo de lucha, digamos de destrozo. Vuelvo a insistir: por lo que hay que trabajar es por los grandes proyectos de consolidar una forma de convivencia, dentro de las que debería de estar el lenguaje. Ahora bien, ¿cuántos en nuestra sociedad están trabajando por un modelo de convivencia? ¿Quién lo hace?

Más bien da la sensación de que se tratan de imponer modelos de segregación.

Y de grieta. La grieta ha pasado a ser un tremendo negocio político. ¿Qué podemos entonces pretender del pobre lenguaje? Es un campo más para esto, igual que el problema de la verdad, la posverdad, y todo eso. Tampoco la verdad pasa a ser un valor independiente de las grietas. Todo está sometido a la degradación de una guerra sucia. Buscale la vuelta que quieras, pero creo que tras un proyecto de transparencia -que no es la solución, es parte, los gobiernos tienen que ser transparentes- pregunto quién entiende últimamente las cifras sobre la covid. No hay nadie capaz (la entrevista se realizó el 7 de abril) de decir dónde estamos parados. Sea por lo que sea se empezaron a atrasar los resultados, y a la madrugada te enterás que eran dos mil más, y los muertos no van todos, y no todos corresponden realmente a covid.

Viste que hubo un cambio en la clasificación hace ya unas semanas, porque inicialmente se decía "hubo tantos fallecidos por covid", y ahora es "tantos fallecidos con diagnóstico de SARS-CoV-2". Ya no es debido a, sino con.

Pregunto: la gente, ¿recogió esa sutileza? No creo que la mayoría lo entienda. Está instalado que hay que mirar cuando se brinda el informe. Asumamos que está siendo el acontecimiento más importante de nuestras vidas en mucho tiempo. No estuvimos en condiciones de mantener la transparencia de cosas que son datos. Entramos en una zona conflictiva y termina haciendo que la gente se harte y no lo mire más. Primero, si no creemos, no nos dejan creer, nos olvidamos. Parecería que a veces introducimos eslóganes que vienen de sociedades altamente desarrolladas, como la transparencia, y no hemos podido lograr cosas mínimas, como que no haya semejantes que se mueran de hambre o no tengan techo. No lo hemos logrado y lo hemos naturalizado. Salimos del edifico, vemos gente tirada en la calle, y ya hemos perdido la sensibilidad. No lo podemos solucionar. Hemos hecho aportes cuantiosos a la vida en común, por vía de impuestos digamos, y no se soluciona. Importamos estándares, protocolos, y sin embargo tenés una sociedad que está disgregándose, expulsando gente. Entonces, volviendo al lenguaje, es un problema tal vez secundario. Los expertos se escuchan si están de acuerdo. Hemos perdido tal vez lo más importante, que es creer que hay algún tipo -no diría que indiscutido- de saber elaborado imparcialmente. Antes de prestarle atención a alguien, miran de qué partido es.

 

DANIEL FELDMAN

Director de CONTRATAPA

 

Imagen de portada: Academia Nacional de Letras